20 de febrero de 2026

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de José C. Paz, en concordancia con el Frente Gremial de la Universidad Nacional de José C. Paz, integrado por los gremios docentes y nodocente, junto a los centros de estudiantes de todos los departamentos académicos exigen al Gobierno Nacional la plena aplicación de la ley 27.795 “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario Docente” sancionada en el 2025, que dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer la urgente e imprescindible recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Del mismo modo establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, del sostenimiento del sistema científico y tecnológico, y la actualización del monto destinado a las becas estudiantiles.

Este Consejo Superior ha expresado en reiteradas ocasiones, sus reclamos por el sostenido deterioro salarial que atraviesan las y los trabajadores docentes y nodocentes universitarios, situación sobre la cual, la gestión del Gobierno Nacional no sólo no ha dado respuesta, sino que ha negado los procesos paritarios establecidos para tal fin. La pérdida acumulada del poder adquisitivo, producto de la inflación y la ausencia de recomposiciones salariales acordes, impacta de manera directa en las condiciones de vida de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento académico, de investigación, administrativo y comunitario de la UNPAZ. Entre 2023 y 2025 el presupuesto asignado al desarrollo de la educación superior cayó el 28.9 % en términos reales; el 86,1 % de ese ajuste se explica por la reducción del gasto en salarios docentes y nodocentes (fuente: CIEN). Esta situación no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que compromete la estabilidad de los equipos de trabajo y la calidad del sistema universitario público.

Los montos actuales de las Becas Progresar y Manuel Belgrano se encuentran congelados desde el año 2024: el programa Progresar redujo un 62,4 % la cantidad de beneficiarios y el 46,5 % el poder adquisitivo. Para nuestra universidad la situación es acuciante: el 88,9% de los estudiantes son primera generación de universitarios y pertenecen a familias de bajos ingresos.

Resulta fundamental, entonces, que las becas se actualicen de manera de evitar la profundización de la desigualdad educativa.
Este Consejo Superior también ha denunciado que el ajuste presupuestario produce la paralización de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo institucional. Proyectos edilicios planificados y en ejecución se encuentran detenidos, generando un deterioro progresivo de las condiciones materiales en las que se desarrollan las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión. 

El inicio de la reparación a los graves daños infringidos al sistema universitario pasa, indudablemente, por el cumplimiento de esta ley que expresa una clara decisión democrática de garantizar el sostenimiento del sistema universitario público. Su aprobación y ratificación constituyen un mandato legal y político que no ha sido cumplido por Poder Ejecutivo Nacional, lo que configura una clara violación a los deberes de funcionario público. Este incumplimiento persiste incluso frente a una orden judicial, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó su inmediata aplicación. La desobediencia a una resolución judicial agrava aún más la situación de las universidades por lo que este Consejo quiere expresar su rechazo a cualquier intento de imponer una modificación regresiva. De no aplicarse la ley N 27.795, se profundizará la emergencia salarial y presupuestaria en la que el sistema universitario se encuentra. Exigimos que se respete la voluntad legislativa y se haga honor a los reclamos de una ciudadanía entera, expresados en las movilizaciones públicas que ya son parte de las históricas luchas de nuestro pueblo por la plena vigencia de sus derechos educativos.