Apoyo al proyecto de ley que garantiza el financiamiento a las Universidades Nacionales
23 DE AGOSTO DE 2024

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de José C. Paz, junto con los gremios de docentes y nodocentes, expresa su apoyo al proyecto de ley que garantiza el financiamiento a las Universidades Nacionales que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación y elevó al honorable Senado de la Nación, el día 14 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que el día de ayer 22 de agosto el Senado aprobó tratarlo en su próxima sesión.

Este proyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina, prescribiendo que el Poder Ejecutivo nacional deberá actualizar periódicamente las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales con efecto retroactivo al 1° de enero de 2024 sobre monto de los gastos de funcionamiento y, con efecto al 1 de diciembre de 2023, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

Con este proyecto, la Cámara de Diputados de la Nación pretende dar respuestas a las exigencias de la ciudadanía argentina para que las autoridades, elegidas democráticamente, aseguren a las universidades nacionales las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento. La preocupación por la dramática situación universitaria fue expresada, masivamente, en la histórica marcha del 23 de abril que demostró, además, y de manera contundente, el rechazo de nuestra sociedad a toda definición antidemocrática que cercene el derecho educativo de nuestras y nuestros jóvenes a la educación superior. 

El proyecto de ley de financiamiento ratifica la necesidad de que el Estado Nacional asuma el rol protagónico en la generación de las condiciones necesarias para el desarrollo de la educación superior. Las decisiones presupuestarias que inciden en el despliegue de las actividades universitarias y en los salarios de sus trabajadores son decisiones políticas, no meramente económicas, y expresan de manera clara el interés o el desdén que un gobierno democrático tiene hacia la educación de su pueblo y el desarrollo económico autónomo que esa educación posibilita. Es por ello que nos reconforta que el Congreso Nacional represente esos esfuerzos democráticos.

Este Consejo Superior solicita al Honorable Senado de la Nación dar tratamiento y aprobar el proyecto de ley, en beneficio de todas las comunidades universitarias. El derecho a la educación requiere de aunar todos los esfuerzos materiales y humanos necesarios para sostenerlo y expandirlo.