El secretario de Derechos Humanos de la Nación tenía 72 años y una larga trayectoria como abogado defensor de víctimas de la represión de Estado antes, durante y después de la última dictadura cívico militar. Su compromiso y militancia lo llevó a ocupar el cargo desde 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y fue uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores y genocidas, además de promotor de una enorme cantidad de actividades por la memoria, la verdad y la justicia.

En 1976, la dictadura lo privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación de sus bienes y su captura, por lo cual se exilió en España, país desde donde fue uno de los organizadores de la denuncia internacional contra el terrorismo de Estado en la Argentina.