En el marco de las III Jornadas de la Maestría en Derecho Administrativo, la Universidad Nacional de José C. Paz compartió las conclusiones de un debate central para el futuro de la soberanía nacional: la defensa del Estado argentino frente a los tribunales extranjeros por el Caso YPF. El encuentro, que contó con la participación de Federico Thea ( ex rector de UNPAZ) , Sebastián Soler (ex Subprocurador del Tesoro) y Mariana Lozza (Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la PTN), analizó cómo el país logró proteger los intereses nacionales frente a demandas millonarias en el exterior.

El análisis partió de un hito clave que explica el origen del conflicto: la privatización de YPF en 1992 durante el gobierno de Carlos Menem. En ese entonces, el gobierno incluyó en el estatuto de YPF una cláusula que obligaba al Estado a pagar un valor excesivo a todos los accionistas si alguna vez decidía recuperar la empresa.Este mecanismo funcionaba como un candado legal diseñado para condicionar cualquier intento futuro de soberanía energética. Sin embargo, en 2012, el Congreso Nacional rompió esa lógica al declarar de utilidad pública el 51% de las acciones de la petrolera por decisión del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández

Durante la entrevista los especialistas explicaron por qué el proceso no debe interpretarse como un incumplimiento contractual, sino como un acto soberano fundado en la Constitución Nacional y que no se trató de desconocer obligaciones asumidas, sino de ejercer una potestad estatal legítima, orientada a redefinir el control sobre un recurso estratégico en función del interés público. 

Además los expositores subrayan que la estrategia argentina, durante los 10 años que duró el litigio, se orientó a demostrar que una ley de expropiación posee una jerarquía superior a las reglas internas de una empresa. Esta línea argumental, sostenida técnicamente por la Procuración del Tesoro, permitió cuestionar las demandas de fondos que reclaman compensaciones desproporcionadas, reafirmando el principio de que las decisiones soberanas no pueden ser reducidas a una lógica meramente mercantil en ámbitos judiciales extranjeros.

El encuentro concluyó con una fuerte reivindicación del rol del Estado en la defensa del patrimonio común. En este sentido, se planteó que fortalecer las capacidades jurídicas del sector público no es solo una cuestión técnica, sino una condición clave para garantizar la autodeterminación económica del país frente a las presiones del sistema financiero internacional.

La charla completa se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la UNPAZ.