Las y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN, compartimos con la comunidad universitaria y la sociedad la reflexión que nos suscita la pandemia del coronavirus,  preocupados/as por el impacto socio-sanitario, en el mundo, en nuestro país y la región.

Argentina, comparte con la región latinoamericana la condición estructural de la desigualdad social, lo que afecta sistemáticamente la dignidad de sectores mayoritarios de población en la región. Entendemos que ello debe llamarnos a encontrar estrategias de acción conjunta que, de manera prioritaria, cuiden la salud y la integridad física de esas mayorías. 

La crisis que estamos padeciendo debe significar una oportunidad para de-construir lógicas que naturalizan la marginación y la exclusión, y avanzar definitivamente hacia sociedades más igualitarias, inclusivas y de mejor vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, modificando procesos de acumulación de capitales concentrados en pocos, los que reducen la economía a especulación financiera.

Ningún valor está por encima de la vida humana, cabe recordarlo. Así lo establecen los sistemas de protección de derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial.
Es en el horizonte de comprensión que enfatiza el carácter interdependiente de los derechos humanos donde se desnuda la fragilidad de los enfoques tradicionales de derechos. Los que garantizan la propiedad de individuos con capacidad de acceso al mercado de consumo, y le aseguran en exclusividad el pertenecer al sistema de derechos. Precisamente, son los estados los que deben promover políticas preventivas que pongan en el foco principal de su acción el salvaguardar la vida humana, trascendiendo la falsa dicotomía salud o economía. 

Es así que, la pandemia que nos interpela como sociedad, nos exige a la comunidad universitaria en particular, fortalecer el esfuerzo solidario que realizamos junto a otras y otros actores sociales y estatales, para poder mitigar los efectos de esta crisis. 

En las Universidades públicas venimos desplegando estrategias y propuestas en esta dirección, procurando potenciar las respuestas gubernamentales y particularmente de las autoridades sanitarias, en pos de cuidar -de manera prioritaria- la salud y la integridad física de las mayorías de nuestro pueblo. Recurrimos a los saberes aprendidos, a lo heredado, sedimentado y los que construimos demandados por este contexto. Es así que nos abrimos a pensar, imaginar, crear y producir, ensayar en modos otros. Explicarnos la naturaleza de lo que ocurre. 

Lo que hoy afecta a millones de personas encuentra en algunas políticas públicas implementadas por el estado nacional medidas de prevención sanitaria; en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad. En simultáneo, las sociedades se ven interpeladas a repensar los modos de ser y estar durante este período de aislamiento preventivo obligatorio acerca de aquellas problemáticas que aún esperan respuestas integrales, por violencias especialmente por razones de género y etnias, por políticas carcelarias,  sistema  donde se desnudan problemas que se arrastran en el tiempo, que abarcan por igual a todo el sistema jurídico-penal. La privación de libertad sin contar con sentencia firme se ha impuesto como un hábito naturalizado que afecta a más del 60% de la población carcelaria. Encarar una solución de fondo pide una política comprometida,  producto de un debate serio y responsable. Hoy en una situación de aislamiento social, ese sistema  que pone en riesgo de vida a toda la población carcelaria resulta insostenible.  

Las universidades ofrecen propuestas educativas de inclusión para el sistema penitenciario, con que abrir puertas a otros mundos vivibles a sectores sociales sometidos por un sistema judicial que selecciona el perfil y el color de quien termina en las instituciones de encierro.

Nuestra atención esta puesta en ponderar el impacto desigual que esta pandemia tiene sobre los sectores más vulnerables, y en señalar aquellas medidas de cuidado que profundizan las desigualdades. 

Por ello la necesidad de multiplicar esfuerzos en atender la situación alimentaria y sanitaria de los barrios populares de Argentina, de la población carcelaria hacinada, de las personas internadas por motivos de salud mental, así como de las personas en situación de calle, de la situación de vida de niños/niñas/adolescentes en riesgo, de las personas en situación de violencia y de control cercano al accionar de las fuerzas policiales. 

La universidad pública, está dando respuesta a las demandas sociales y políticas desde su capacidad técnico-científica hasta edilicia: son numerosas las universidades que han puesto sus infraestructuras al servicio social de sus comunidades de referencia. Aporta su capacidad científica, tecnológica, educativa, e informativa. 

Resulta prioritario en esta etapa de aislamiento, velar porque el derecho a la comunicación se garantice con información confiable, responsable, que permita construir en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas conciencia y buen sentido respecto del presente de cuidado y el futuro. Haciendo frente a contenidos de maliciosa intención que exacerban el individualismo.

Y sostener el derecho a la educación. La universidad, quien garantiza  la continuidad pedagógica a través de los entornos virtuales, las bibliotecas digitales, sosteniendo lazos pedagógicos y culturales y nuevas formas de comunicación entre docentes-estudiantes, está comprometida a poner atención en revisar los mecanismos de exclusión que en esta situación emerjan. 

Consideramos que en el centro de la relación entre el covid19 y universidad se encuentra la observación, el ejercicio y la apuesta por derechos humanos integrales.  
La vida humana tiene centralidad en la perspectiva de los derechos humanos y buen vivir que piensa en transitar este presente construyéndolo democrático.

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN

Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
Mayo 2020